La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero recibió este lunes a representantes de productores agrícolas, de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y de la organización Propalma, quienes expusieron sus observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario.
Juan López, en representación de los productores de maíz, arroz y soya, subrayó que la propuesta es clave para la soberanía alimentaria, pero advirtió que las reformas deben garantizar sostenibilidad sin afectar al sector productivo. Entre las preocupaciones destacó la regularización de jornaleros para asegurar su acceso a la seguridad social, la protección de fuentes de agua subterránea, la regulación de contratos de arrendamiento de tierras con costos justos y el establecimiento de precios mínimos de sustentación para los productos agrícolas.
Unidad del sector y necesidad de incentivos
Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, señaló que las alertas iniciales sobre el proyecto permitieron la unidad del sector para trabajar en una reforma que beneficie al país. Reconoció mejoras en el texto, pero insistió en que la normativa debe migrar de un enfoque regulatorio hacia una ley que fomente e incentive la producción agrícola y pecuaria.
Para ello, consideró fundamentales dos elementos: la investigación científica y capacitación al productor, y la existencia de fuentes de financiamiento con créditos preferenciales para pequeños y medianos agricultores.
Actualización del marco legal
Óscar Calahorrano, presidente ejecutivo de Propalma, recordó que la ley vigente data de 1979 y ya no responde a la realidad del sector. Destacó la necesidad de introducir normas que impulsen la asociatividad agrícola, mecanismo que fortalece el desarrollo del campo. “Podemos construir consensos y trabajar en conjunto en un marco legal moderno para proyectar al Ecuador hacia una agricultura del futuro”, afirmó.
La Comisión continuará el análisis del proyecto con las propuestas recogidas, en busca de un marco jurídico que combine sostenibilidad, productividad y equidad para el agro ecuatoriano.
