El juez a cargo del caso Goleada admitió este viernes los recursos de apelación presentados por la defensa de los cinco procesados a quienes se les dictó prisión preventiva, incluido el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, así como Fernando B. y César B.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló la madrugada del 11 de febrero. Fiscalía solicitó prisión preventiva para 10 de los 11 procesados y arresto domiciliario para uno (persona de la tercera edad). El juez aceptó prisión preventiva para los cinco mencionados y medidas alternativas (presentación periódica y prohibición de salida del país) para otros cinco, entre ellos Pablo Pita (gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil) y Carlos Asanza (gerente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil).
Recursos de apelación admitidos La defensa de cada uno de los cinco procesados con prisión preventiva presentó formalmente el recurso de apelación. El juez admitió el trámite y remitió el proceso a la sala de sorteos para que se radique la competencia en una Sala de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
Explotación de indicios autorizada El fiscal Dennis Villavicencio (Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción N.° 2) solicitó autorización para la explotación, análisis, materialización y copia forense de toda la información contenida en los equipos electrónicos decomisados durante los allanamientos. El juez lo autorizó de forma inmediata.
Situación actual de los procesados
- Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier permanecen recluidos en la Cárcel de Latacunga.
- Fernando B. y César B. en la Cárcel de Turi (Guayaquil).
La instrucción fiscal tiene una duración de 90 días. La Fiscalía investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, con alrededor de 20 elementos de convicción presentados.
Reacciones
- Defensa (Ramiro García): “No hubo análisis individualizado del riesgo de fuga o interferencia. Prisión preventiva como pena anticipada. Apelaremos”.
- RC: “Abuso de poder y persecución política contra una voz crítica”.
- Oficialismo: “La justicia actúa con independencia; que se resuelva en el proceso”.
El caso mantiene alta tensión política y social en Guayaquil, con expectativa por las audiencias de apelación y el avance de la instrucción fiscal.
