La Defensoría del Pueblo presentó varias observaciones al proyecto de ley antimafias que actualmente estudia la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Entre sus principales sugerencias constan modificar el nombre de la iniciativa, revisar algunos tipos penales y ajustar el lenguaje utilizado en el texto legal.
La propuesta, impulsada por la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir a las organizaciones criminales y afectar sus estructuras económicas, logísticas y operativas.
Durante una sesión realizada este 15 de junio, representantes de la Defensoría expusieron seis recomendaciones para mejorar el contenido del proyecto. La primera apunta al título de la ley. Según la institución, el nombre actual no refleja con precisión el alcance de la propuesta, ya que se trata de reformas a varias normas vigentes y no de una ley independiente.
Piden revisar penas y nuevos delitos
La Defensoría también recomendó analizar la proporcionalidad de las sanciones contempladas en el proyecto. Considera que las medidas contra el crimen organizado deben ser firmes, pero respetando los principios establecidos en la Constitución.
Además, sugirió revisar la incorporación de nuevos delitos dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP). A criterio de la entidad, algunas conductas podrían incluirse como agravantes de delitos ya existentes en lugar de crear nuevas figuras penales, lo que ayudaría a evitar confusiones en la aplicación de la ley.
Entre las propuestas figura el establecimiento de agravantes cuando las organizaciones criminales involucren a niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad para cometer actividades ilícitas.
Observaciones a la extinción de dominio
Otro de los puntos analizados tiene relación con las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. La Defensoría destacó la importancia de esta herramienta para afectar los recursos económicos de las organizaciones criminales, pero señaló que también deben existir garantías para proteger a terceros que hayan actuado de buena fe o bajo amenazas y extorsiones comprobadas.
Finalmente, la institución recomendó simplificar la redacción del proyecto para facilitar su comprensión e interpretación. La Comisión de Seguridad Integral continuará recibiendo criterios antes de elaborar el informe que será debatido posteriormente por el pleno de la Asamblea Nacional.
