La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó este viernes, con siete votos a favor, el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. La normativa, que será remitida al pleno legislativo para su discusión final, incluye entre sus disposiciones principales que las personas privadas de libertad realicen trabajos remunerados dentro de los centros penitenciarios para cubrir sus necesidades básicas.
Puntos clave del proyecto
La iniciativa busca reestructurar el sistema carcelario ecuatoriano y otorgar mayores herramientas legales al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y al Ministerio del Interior para enfrentar al crimen organizado desde el interior de las cárceles. Entre las medidas destacadas se encuentra la obligación de que los internos participen en actividades laborales productivas, con el objetivo de que generen ingresos que cubran alimentación, vestimenta, higiene personal y otros gastos básicos durante su reclusión.
La presidenta de la comisión, Inés Alarcón, explicó que la propuesta busca:
- Reducir la carga económica del Estado en el sostenimiento de la población carcelaria.
- Promover la reinserción social a través del trabajo remunerado y la adquisición de habilidades laborales.
- Contribuir a la disciplina interna y al orden en los centros penitenciarios.
- Generar recursos que puedan destinarse a reparación a víctimas o fondos de apoyo a familiares de privados de libertad.
Debate y posturas
La medida ha generado opiniones divididas:
- A favor: sectores oficialistas y algunos especialistas en reinserción argumentan que el trabajo es un derecho y una obligación constitucional (art. 66 numeral 19 y art. 326 de la Constitución), y que permite romper el ciclo de ociosidad y dependencia total del Estado.
- En contra: organizaciones de derechos humanos y sindicatos penitenciarios advierten que podría derivar en explotación laboral, trabajo forzado o condiciones de semi-esclavitud si no se garantizan salarios dignos, seguridad laboral y respeto a los derechos humanos.
La norma establece que el trabajo debe ser voluntario (aunque con incentivos y posibles sanciones administrativas por negativa injustificada), remunerado según tabla mínima y supervisado por el SNAI para evitar abusos.
Próximos pasos
El proyecto ya cuenta con informe favorable de la comisión y será remitido al pleno de la Asamblea Nacional para segundo y tercer debate. De aprobarse, entraría en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial.
El debate se da en un contexto de alta presión sobre el sistema penitenciario ecuatoriano, con hacinamiento, control de mafias internas y necesidad de generar recursos alternativos para su sostenimiento.
¿Qué opinas?
¿Crees que obligar o incentivar el trabajo en prisión es una solución viable para reducir costos y mejorar la reinserción, o representa un riesgo de explotación? El tema seguirá generando controversia en el Legislativo y la opinión pública.
