La Fiscalía General del Estado inició una investigación penal contra los jueces de la Corte Constitucional José Luis Terán y Alí Lozada, tras recibir informes de la Contraloría General del Estado que detectaron supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Según el contralor Mauricio Torres, Lozada no justificó USD 25.000 y Terán USD 70.000.
Ambos magistrados ya fueron notificados oficialmente y deberán designar abogados que los representen en el proceso. El contralor indicó que seis jueces de la Corte Constitucional se encuentran bajo examen: tres ya concluyeron el proceso y tres más iniciarán el análisis en los próximos días.
La Corte Constitucional emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo que calificó como “presiones sostenidas” desde 2025, las cuales podrían afectar la independencia judicial. Por su parte, el Foro por la Democracia advirtió que estos cuestionamientos forman parte de una estrategia sistemática para debilitar la institución.
El caso adquiere mayor relevancia porque el juez José Luis Terán es el ponente de una acción de protección contra el nombramiento del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien precisamente dirige la investigación en su contra. Esto genera cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en el proceso.
