El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una denuncia contra el movimiento Amigo por presunta infracción electoral, señalando a sus dirigentes Víctor Bravo, Francisco Loor y Andrés Benites por no entregar los informes financieros completos exigidos por el Código de la Democracia.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite la causa y fijó para el 11 de agosto de 2026 la audiencia oral única de pruebas y alegatos.
Esta denuncia se suma a la suspensión del movimiento Amigo decretada el 17 de julio, tras un pedido de la Fiscalía, que investiga un presunto caso de lavado de activos.
🔍 Impacto político
El proceso afecta directamente al correísmo, que había previsto usar a Amigo como plataforma para las elecciones seccionales de noviembre, con figuras como Pabel Muñoz y Luisa González.
De prosperar la denuncia, el movimiento podría enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta la cancelación definitiva de su inscripción política, lo que obligaría al correísmo a buscar alternativas como el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Sin embargo, también existe temor de que esta organización quede fuera de la contienda.
