La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzó en el tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que busca tipificar los delitos contra la integridad de las competencias deportivas y las apuestas.
El asambleísta Adrián Castro, proponente de la iniciativa, explicó que actualmente no existe una norma específica que sancione conductas como el lavado de activos vinculado al deporte o la manipulación de competencias deportivas. “Si bien existen figuras como el cohecho y el lavado de activos, estas no se ajustan plenamente a la realidad que vive el sector deportivo”, señaló.
La propuesta incluye delitos como la manipulación de resultados, la corrupción deportiva y el amaño bilateral de competencias. Además, contempla agravantes en casos donde participen clubes deportivos, grupos de delincuencia organizada, plataformas de apuestas, acciones extorsivas o la utilización de menores de edad.
La mesa legislativa resolvió, con voto unánime, unificar esta iniciativa al proyecto de reformas al COIP que ya se encuentra en trámite y que integra más de 80 propuestas legislativas.
Posteriormente, la Comisión escuchó a Pablo Dávila, miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, quien presentó observaciones sobre las reformas en materia de peculado y extorsión en contratación pública. Subrayó la necesidad de precisar con claridad las figuras penales en este ámbito y advirtió que es indispensable tipificar la colusión, actualmente regulada solo en el plano administrativo.
Dávila enfatizó que la contratación pública no debe reducirse a un proceso burocrático, sino entenderse como la materialización de derechos ciudadanos. “Si se construye un hospital, no está en juego únicamente el volumen de la obra o los metros cúbicos que esta comprende, sino el cumplimiento del derecho a la salud de la población”, afirmó.
Con estos aportes, la Comisión de Justicia continuará la construcción del informe para segundo debate, en el que se definirán los ajustes finales al COIP. La discusión se perfila como un paso clave para fortalecer la transparencia en la contratación pública y garantizar la integridad de las competencias deportivas en el país.
