Con siete votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional aprobó este lunes el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional. La iniciativa, calificada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, busca fomentar la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales accesibles.
Objetivo principal de la reforma
La propuesta establece un incentivo tributario para los contribuyentes que donen viviendas de interés social al ente rector de hábitat y vivienda (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda). Los donantes podrán acceder a una rebaja del 100 % del valor donado en el impuesto a la renta, con un límite máximo del 30 % del impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente (sin derecho a devolución).
Para determinar el valor sujeto a la rebaja se considerará exclusivamente el avalúo catastral de la vivienda construida y donada (sin incluir el valor del terreno cuando este pertenezca al beneficiario). El ente rector verificará que las viviendas cumplan con los parámetros de precio, superficie y estándares de construcción establecidos en la normativa vigente, y las transferirá a beneficiarios que cumplan con los criterios de vivienda de interés social.
Medidas adicionales
- El ente rector publicará anualmente un catálogo de necesidades de vivienda de interés social para orientar la aplicación del incentivo.
- El Ministerio de Economía y Finanzas definirá el monto máximo de gasto tributario anual que podrá generarse por esta medida, garantizando la sostenibilidad fiscal.
- El incentivo tendrá carácter temporal y será aplicable para los períodos fiscales 2026 a 2029. Durante ese tiempo, los ministerios de Economía, Infraestructura y Transporte y el SRI evaluarán anualmente el impacto fiscal y económico.
Declaraciones de la Comisión
El presidente encargado de la comisión, asambleísta Diego Franco, destacó que la reforma busca enfrentar uno de los principales problemas del país: el déficit habitacional, agravado por eventos climáticos adversos y otras contingencias que afectan a miles de familias. “Durante el tratamiento recibimos aportes de autoridades, académicos y representantes del sector productivo, lo que permitió enriquecer la propuesta”, señaló Franco.
Próximos pasos
Una vez aprobado el informe en la comisión, el proyecto será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su primer debate. De avanzar favorablemente, la iniciativa podría entrar en vigencia en los próximos meses y comenzar a generar incentivos concretos para la construcción de vivienda social a partir del ejercicio fiscal 2026.
La propuesta se presenta como una respuesta concreta a la necesidad de ampliar la oferta de soluciones habitacionales dignas y accesibles, combinando incentivos fiscales con control del gasto público y evaluación permanente.
