La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional recibió las observaciones de la Cámara de Minería del Ecuador durante el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, conocido como Ley Antimafias, iniciativa presentada por la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno.
Durante la sesión, representantes del sector minero expusieron una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer el marco jurídico de la propuesta y mejorar su aplicación en la lucha contra las organizaciones delictivas.
Aportes del sector minero
Daniela Erazo, representante de la Cámara de Minería del Ecuador, destacó la importancia de dotar al Estado de herramientas legales claras y eficaces para enfrentar las estructuras del crimen organizado.
En su intervención, resaltó el papel de la minería formal como un sector estratégico para la generación de empleo e inversión, además de su cumplimiento de estándares ambientales y sociales. En contraste, advirtió sobre los impactos de la minería ilegal, a la que vinculó con actividades como el lavado de activos, el tráfico de armas y la pérdida de control territorial por parte del Estado.
Respecto a las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la representante consideró positiva la ampliación de las formas de participación en organizaciones criminales, aunque sugirió incorporar criterios objetivos relacionados con la temporalidad, permanencia y nivel de contribución de los involucrados.
Asimismo, expresó su respaldo al contenido del artículo 369.4, que incorpora la figura de la permanencia funcional para sancionar a quienes desempeñan funciones esenciales dentro de grupos delictivos. No obstante, recomendó unificar conceptos como «vínculo funcional estable» y «pertenencia funcional», con el fin de evitar interpretaciones ambiguas.
En cuanto a la prisión preventiva, la Cámara respaldó el endurecimiento de los requisitos para acceder a este beneficio, aunque planteó ajustes técnicos que permitan evitar posibles contradicciones jurídicas.
Sobre la administración de bienes incautados, el gremio apoyó la figura de administración provisional, proponiendo además establecer obligaciones claras de custodia, un registro inicial de los bienes y controles periódicos para prevenir su deterioro o uso indebido.
Búsqueda de mayor claridad jurídica
Daniela Erazo señaló que las observaciones presentadas no buscan limitar el alcance de la respuesta penal frente al crimen organizado, sino contribuir a que la normativa cuente con mayor claridad técnica y seguridad jurídica, evitando vacíos legales que puedan afectar su aplicación.
La Comisión de Seguridad Integral continuará recibiendo aportes de distintos sectores antes de elaborar el informe correspondiente, como parte del proceso de construcción del proyecto de Ley Antimafias, que busca fortalecer las capacidades institucionales del Estado para enfrentar el crimen organizado.
