La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones No Autorizadas desde Centros de Privación de Libertad y del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia, recibiendo los aportes de la Corte Nacional de Justicia y del Ministerio de Defensa para fortalecer el contenido de ambas iniciativas.
Durante la sesión, el juez nacional Manuel Cabrera, delegado de la Corte Nacional de Justicia, enfatizó la necesidad de ajustar varios aspectos del proyecto para garantizar el principio de legalidad penal y evitar interpretaciones ambiguas en su aplicación.
Observaciones de la Corte Nacional
Cabrera señaló que el proyecto debe precisar el alcance de los sujetos responsables del delito, ya que el término «servidor penitenciario» no cuenta con una definición expresa en la normativa vigente.
Asimismo, consideró necesario delimitar con mayor claridad el concepto de «telecomunicaciones no autorizadas», recordando que dentro de los centros de privación de libertad existen comunicaciones legalmente permitidas, como las audiencias judiciales virtuales y el contacto entre las personas privadas de libertad y sus abogados.
En relación con las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), propuso que la agravante para los delitos cometidos mediante telecomunicaciones desde los centros penitenciarios sea incorporada en el artículo 47, como una agravante de carácter general.
Respecto al proyecto sobre videovigilancia, recomendó que el texto considere los criterios emitidos por la Corte Constitucional en materia de conflicto armado interno, especialmente en lo relacionado con el principio de proporcionalidad para la implementación de medidas de vigilancia y el tratamiento de la información.
Propuesta del Ministerio de Defensa
Por su parte, el coronel Gustavo Herrera, delegado del Ministerio de Defensa, sostuvo que el país requiere un sistema de videovigilancia articulado que integre la seguridad ciudadana, la defensa nacional, la inteligencia, la ciberseguridad y la protección de datos personales, con competencias claramente definidas para cada institución.
El oficial advirtió que la rectoría del sistema no debería concentrarse en una sola entidad, debido a que la videovigilancia involucra ámbitos terrestres, marítimos, aéreos, fronterizos y estratégicos.
En ese sentido, propuso fortalecer la coordinación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Sistema Nacional de Inteligencia, el ECU 911, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los gobiernos autónomos descentralizados.
Además, recomendó diferenciar los sistemas destinados a la seguridad ciudadana de aquellos orientados a la defensa nacional y las actividades de inteligencia, con el fin de establecer responsabilidades específicas para cada uno.
Hacia el primer debate
Las observaciones presentadas por ambas instituciones serán evaluadas por la Comisión de Seguridad Integral durante la elaboración del informe para primer debate. El objetivo es fortalecer el contenido de los proyectos de ley y asegurar que sus disposiciones sean técnicamente aplicables, respeten los principios constitucionales y contribuyan al fortalecimiento de la seguridad y el control de las telecomunicaciones y los sistemas de videovigilancia en el país.
