La asambleísta Ana Herrera presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de reformas legales que busca transformar la respuesta estatal frente a los casos de desaparición de personas, priorizando la activación inmediata de protocolos, la coordinación interinstitucional y un enfoque integral de derechos humanos. La iniciativa apunta a reducir el tiempo crítico de las primeras horas y garantizar una búsqueda más eficaz, con énfasis en la protección de la víctima y el acompañamiento permanente a sus familiares.
El proyecto establece la activación automática de protocolos de búsqueda en un plazo máximo de 30 minutos tras la denuncia, sin requisitos previos ni esperas burocráticas. Instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y el ECU-911 deberán actuar de inmediato, eliminando demoras que actualmente comprometen la localización en las primeras horas. Además, se incorporan nuevas categorías de clasificación de desapariciones —de alto riesgo, vinculadas a delitos o en zonas peligrosas— para asignar recursos y acciones diferenciadas según el nivel de amenaza identificado.
Uno de los pilares centrales es la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una plataforma tecnológica unificada y obligatoria que permitirá el registro, cruce y actualización en tiempo real de información entre todas las entidades involucradas. Complementariamente, se propone la implementación de una Alerta Nacional de Personas Desaparecidas, que difundirá datos de forma inmediata a través de medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, con participación activa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la difusión y prevención.
La propuesta otorga atención prioritaria a grupos vulnerables —niñas, niños, adolescentes, mujeres en contextos de violencia y personas adultas mayores— con protocolos específicos. Una vez localizada la persona, se activa un protocolo posterior que incluye evaluación médica, atención psicológica y acompañamiento institucional para garantizar su protección integral.
El proyecto también dispone capacitación obligatoria en derechos humanos para operadores de justicia, Policía y Fuerzas Armadas, alineándose con estándares constitucionales recientes. La asambleísta Herrera enfatizó que todas las medidas se implementarán con los recursos existentes, sin requerir nuevas asignaciones presupuestarias, y que el objetivo es consolidar un sistema eficiente, coordinado y centrado en la persona.
