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Asamblea Nacional aprobó reformas al Código Orgánico del Ambiente para fortalecer la acción climática

Ecuador contará con un marco legal actualizado para enfrentar los efectos del cambio climático, luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara, en segundo debate, la reforma al Código Orgánico del Ambiente (COA). La normativa busca consolidar la política climática del país, fortalecer la coordinación institucional y facilitar el acceso a mecanismos de […]

Asamblea Nacional aprobó reformas al Código Orgánico del Ambiente para fortalecer la acción climática
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Ecuador contará con un marco legal actualizado para enfrentar los efectos del cambio climático, luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara, en segundo debate, la reforma al Código Orgánico del Ambiente (COA). La normativa busca consolidar la política climática del país, fortalecer la coordinación institucional y facilitar el acceso a mecanismos de financiamiento internacional para la implementación de acciones de mitigación y adaptación.

La iniciativa recibió el respaldo de 82 legisladores y ahora será remitida al Ejecutivo para su sanción u objeción, conforme al procedimiento establecido en la Constitución.

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Durante la sustentación del informe, la asambleísta Katherine Pacheco destacó que el cambio climático representa uno de los mayores desafíos para el Ecuador, debido a sus impactos en la disponibilidad de agua, la producción agrícola, la infraestructura y la calidad de vida de la población, además del incremento de fenómenos como sequías, inundaciones e incendios forestales.

Entre las principales modificaciones, la reforma fortalece el rol del Comité Interinstitucional de Cambio Climático como órgano de coordinación de las políticas públicas en la materia y crea el Registro Nacional de Cambio Climático, una herramienta para sistematizar la información sobre programas, proyectos e iniciativas ambientales.

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El texto también incorpora disposiciones para facilitar el acceso a recursos provenientes de fondos internacionales, introduce el enfoque de pérdidas y daños en la política pública y establece salvaguardas ambientales y sociales que garantizan los derechos colectivos de comunas, pueblos y nacionalidades, promueven la participación ciudadana y procuran una distribución equitativa de los beneficios.

Asimismo, la normativa prioriza la conservación y restauración de la Amazonía y de otros ecosistemas forestales estratégicos, especialmente en territorios vulnerables, e impulsa la investigación científica, la innovación y la cooperación internacional como herramientas para fortalecer la respuesta del país frente a los desafíos ambientales.

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