La Comisión de Régimen Económico avanzó en el análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero Unificado, previo a la elaboración del informe que será sometido a segundo debate en la Asamblea Nacional.
Durante la sesión, los legisladores Besibell Mendoza, Alfredo Serrano y Dina Farinango presentaron observaciones enfocadas en mejorar la protección de los usuarios del sistema financiero, fortalecer los controles sobre las entidades y promover mayor transparencia en las operaciones bancarias.
Entre los planteamientos expuestos, Besibell Mendoza propuso que los usuarios no sean considerados responsables por transacciones realizadas después de haber reportado el robo o extravío de sus tarjetas. Además, planteó reforzar la supervisión de los dispositivos de cobro electrónico (POS) y verificar que los establecimientos que los utilizan estén debidamente registrados.
Por su parte, Alfredo Serrano sugirió establecer plazos obligatorios para la atención de reclamos y sanciones en caso de incumplimiento. También planteó regular el cálculo de intereses sobre saldos pendientes, limitar los gastos de cobranza extrajudicial y sancionar los cobros indebidos mediante la devolución de valores afectados más los intereses correspondientes.
La asambleísta Dina Farinango propuso prohibir la capitalización de intereses de mora, garantizar información clara sobre el costo real de los créditos y establecer que dichos intereses se calculen únicamente sobre el capital vencido. Asimismo, planteó promover operaciones financieras con entidades públicas bajo criterios de competencia y transparencia.
Durante la sesión, los legisladores Adrián Castro y Mónica Alemán respaldaron el tratamiento de las propuestas y destacaron la importancia de revisar cada observación para fortalecer el contenido del proyecto.
La presidenta de la comisión, Nathaly Farinango, informó que los aportes serán analizados por el equipo técnico con el objetivo de determinar su incorporación al informe para segundo debate.
La mesa legislativa señaló que el proceso busca consolidar un marco normativo orientado a la seguridad jurídica, la transparencia y la protección de los ciudadanos dentro del sistema financiero.
