La Comisión de Seguridad Integral continuó el análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales frente al Crimen Organizado, conocido como Ley Antimafias, con la recepción de criterios técnicos de especialistas en seguridad y prevención del delito.
Durante la sesión, Wilson Martínez, experto en prevención de lavado de activos, destacó que la propuesta incorpora herramientas importantes para enfrentar a las organizaciones criminales, entre ellas la creación del delito autónomo de pertenencia a una organización criminal, nuevos tipos penales relacionados con actividades ilícitas, el fortalecimiento de las medidas cautelares y la figura de extinción de dominio.
No obstante, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere una estrategia más amplia que la aplicación de sanciones penales. En ese sentido, planteó la creación de una instancia permanente de coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Función Judicial, con personal especializado y recursos propios.
Asimismo, recomendó reforzar la inteligencia financiera y las capacidades investigativas, además de orientar la persecución penal hacia un enfoque de macrocriminalidad que permita identificar las estructuras jerárquicas y las fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas.
Por su parte, Alba Silva, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, señaló que la seguridad debe abordarse desde una perspectiva integral que contemple las dimensiones económicas, financieras y territoriales del crimen organizado.
Entre sus recomendaciones constan la incorporación de un enfoque geopolítico acorde con la ubicación estratégica del país, el fortalecimiento de la cooperación con otras naciones de la región y el impulso a mecanismos de intercambio de inteligencia, investigaciones conjuntas y coordinación regional para combatir el lavado de activos y el narcotráfico.
Las intervenciones coincidieron en la necesidad de que la normativa no solo fortalezca el marco legal, sino también las capacidades institucionales, operativas y financieras del Estado para desarticular las estructuras criminales y afectar sus redes de financiamiento dentro y fuera del país.
