Con 147 votos a favor de los 149 legisladores presentes, la Asamblea Nacional aprobó este viernes una resolución que da cumplimiento parcial a la sentencia 1732-25-EP/26 de la Corte Constitucional, relacionada con la desaparición forzada de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías, ocurrida el 12 de marzo de 2023 en el sector Las Malvinas de Guayaquil.
La resolución, aprobada por amplia mayoría, establece dos medidas principales:
- Declarar el 8 de diciembre como día conmemorativo nacional en memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías.
- Se ordena la realización anual de actos, actividades pedagógicas y eventos destinados a honrar su memoria y visibilizar la lucha contra las desapariciones forzadas.
- La Defensoría del Pueblo será la encargada de verificar el cumplimiento de estas actividades y presentar un informe anual a la Corte Constitucional dentro de los 15 días posteriores a cada conmemoración.
- Encargar a la Comisión de Seguridad Integral la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
- Plazo: 30 días para presentar el proyecto.
- Cambios obligatorios a incorporar:
- Presunción y registro inmediato como desaparición forzada cuando el relato indique posible participación de agentes del Estado.
- Obligación de iniciar investigaciones urgentes y de oficio.
- Prohibición expresa de alegar reserva de información para negar o retrasar la entrega de datos.
- Creación de mecanismos de coordinación interinstitucional para activar rutas de búsqueda inmediata.
Declaraciones de la asambleísta Inés Alarcón
La legisladora Inés Alarcón (Revolución Ciudadana) intervino durante el debate y enfatizó: “Es deber del Parlamento actuar con deber institucional sobre las medidas que dispone la Corte Constitucional”. Sobre la declaratoria del 8 de diciembre: “Con esto se busca ratificar el compromiso del Estado y sus instituciones con los derechos y la memoria”. Respecto a la reforma legal: “Se busca mejorar la coordinación entre instituciones y fortalecer las herramientas para este tipo de casos”. Alarcón resaltó que las disposiciones de la Corte deben ser acogidas con respeto y que el Legislativo tiene la obligación de avanzar en la reparación integral y la no repetición.
Contexto de la sentencia de la Corte Constitucional
La Corte aceptó una acción extraordinaria de protección presentada contra una sentencia de apelación que había negado un habeas corpus interpuesto por los familiares. Determinó que dicha sentencia vulneró el derecho al debido proceso y la garantía de motivación, al no analizar integralmente las circunstancias de la detención ni responder a las pretensiones relevantes.
El máximo tribunal ratificó que el habeas corpus es procedente incluso cuando la víctima haya sido encontrada sin vida o exista un proceso penal en curso. Concluyó que los cuatro niños fueron privados de libertad de manera ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares, y que el Estado negó inicialmente información y entregó datos posteriores insuficientes, irregulares e inconsistentes.
Medidas ordenadas por la Corte
- Disculpas públicas solemnes lideradas por el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
- Reconocimiento de responsabilidad y compromiso de no repetición.
- Búsqueda activa y continua de los niños.
- Reparación integral a las familias (económica, psicológica, educativa).
- Reformas a protocolos militares en estados de excepción.
- Acciones penales y administrativas contra responsables.
La sentencia representa un hito en la jurisprudencia ecuatoriana sobre desaparición forzada en democracia y obliga al Estado a cumplir medidas de no repetición y reparación integral.
