El abogado Ramiro García Falconí, defensor del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, denunció públicamente que su defendido se encuentra en total aislamiento desde su traslado a la Cárcel del Encuentro en Santa Elena. Según García, Álvarez no tiene acceso al patio ni permiso para salir de su celda ni siquiera para tomar sol.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, el jurista señaló que esta situación vulnera estándares internacionales de derechos humanos y calificó el aislamiento como una forma de tortura: “Aquiles Álvarez está en total aislamiento, no tiene ningún acceso ni al patio ni a salir de su celda para tomar el sol. Bajo los estándares internacionales esto califica como una forma de tortura. Por lo que realizaré una petición formal al SNAI para que se resuelva este tema”.
García anticipó que presentará una solicitud formal al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) para que se garantice el cumplimiento de los derechos básicos del alcalde, incluyendo el acceso a espacios comunes, recreación y exposición solar, conforme a las normas penitenciarias nacionales e internacionales.
Contexto del traslado y situación actual
Aquiles Álvarez cumple prisión preventiva en dos procesos paralelos: el Caso Triple A (comercialización ilegal de combustibles subsidiados) y el Caso Goleada (presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria). El traslado desde Latacunga a la Cárcel del Encuentro se justificó oficialmente por “alertas de seguridad” que señalarían un supuesto plan contra su vida, según informes reservados del SNAI.
El abogado cuestionó la falta de transparencia en esos informes y reiteró que el aislamiento extremo no solo afecta la salud física y mental del alcalde, sino que también vulnera su derecho a la dignidad y a un trato humano durante la privación de libertad.
Hasta el momento, el SNAI no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la denuncia de aislamiento ni ha confirmado o desmentido las condiciones de reclusión de Álvarez. Fuentes cercanas al Ministerio del Interior indicaron que el centro penitenciario opera bajo protocolos de máxima seguridad, pero no se refirieron específicamente al caso del alcalde.
La defensa de Álvarez evalúa presentar acciones legales adicionales para exigir el cumplimiento de derechos básicos y la revisión de la medida de aislamiento. El tema ha generado debate en redes sociales, con sectores oficialistas defendiendo la decisión por seguridad y opositores cuestionando el trato y el uso de “informes secretos” sin evidencia pública.
