El Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A solicitó a la secretaría de la sala anticorrupción que emita la certificación de agenda para las audiencias de revisión de medidas cautelares y de juzgamiento. Los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Gabriela Lara pidieron que se definan bloques de tiempo de al menos cuatro horas para la revisión de medidas y quince días continuos para evacuar la etapa de juicio, con el fin de garantizar la continuidad del proceso y el debido procedimiento.
Medidas cautelares en debate
La providencia incluye la disposición de que las solicitudes de revisión de medidas cautelares presentadas por los abogados de José Cevallos y Fausto Vaca, así como la Fiscalía en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sean conocidas en una misma diligencia.
La fiscal Ruth Amoroso pidió el 10 de febrero que se convoque a audiencia para fundamentar el cambio de medidas cautelares contra Álvarez, luego de que un parte policial informara que en un allanamiento se lo encontró sin portar el grillete electrónico, medida dispuesta en el caso Triple A. El abogado de Álvarez, Ramiro García, aseguró que no hubo incumplimiento, pues el dispositivo estaba cargándose.
Contexto de los procesos
Álvarez enfrenta además prisión preventiva en el caso Goleada, donde se investiga a once personas por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
En paralelo, el procesado José Ricardo Cevallos quedó sin abogado defensor, luego de que Javier Rojas desistiera de representarlo al enterarse de que habría actuado como “cooperador eficaz” en otra causa vinculada.
Estado del juicio
El caso Triple A involucra a 16 personas naturales y seis empresas, acusadas de comercialización ilegal de derivados de petróleo, con un presunto perjuicio al Estado de más de $61 millones. El inicio del juicio ha sido diferido en varias ocasiones, la última el 30 de enero, por pedidos de aclaración de nulidades.
La Fiscalía sostiene que el combustible subsidiado habría sido desviado hacia sectores mineros y navieros, generando pérdidas millonarias. El Tribunal busca ahora asegurar un calendario que permita avanzar sin más interrupciones en un proceso considerado de alta complejidad.
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