El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado y, como medida cautelar, dispuso la suspensión provisional por 9 meses de la Revolución Ciudadana en el registro de organizaciones políticas.
La resolución, basada en el artículo 374 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, implica que el movimiento queda temporalmente inhabilitado para participar formalmente como organización política en procesos electorales, incluyendo las seccionales de 2027. La Fiscalía deberá reportar avances de la investigación cada 30 días durante este período.
El caso “Caja Chica” investiga presunto peculado o malversación de fondos relacionados con actividades del movimiento, aunque los detalles específicos de la denuncia no han sido divulgados públicamente por la Fiscalía.
Reacciones del correísmo
La dirigencia de Revolución Ciudadana calificó la medida como un intento de proscripción política y “dictadura” para silenciar a la principal fuerza de oposición al gobierno de Daniel Noboa.
Gabriela Rivadeneira, presidenta nacional del movimiento, había advertido días atrás sobre el riesgo de perder el casillero electoral (Lista 5) y señaló que, de confirmarse la inhabilitación, participarán con “otras alternativas”. Hoy, figuras del movimiento reiteraron que se trata de un “agravante” en la persecución judicial contra su organización.
El movimiento mantiene su postura de respaldo a Cuba tras la reciente expulsión de su misión diplomática por decisión de Noboa, a la que siguen calificando como “bloqueo inhumano”.
No se reportaron nuevos allanamientos ni detenciones en sedes de RC este miércoles; el último operativo conocido ocurrió hace semanas en Quito.
Contexto político
La decisión del TCE se produce en un clima de alta polarización. El oficialismo interpreta la medida como un avance en accountability y lucha contra la corrupción, mientras el correísmo la denuncia como lawfare para debilitarlos de cara a las elecciones de 2027.
