La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional avanzó en el análisis de varias iniciativas legislativas orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado y la inseguridad. En este proceso, fueron recibidas observaciones de la Superintendencia de Bancos, EP Petroecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).
Observaciones a la “Ley Antimafias”
En relación con el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades del Estado frente al crimen organizado, conocido como “Ley Antimafias”, no fueron presentadas observaciones directas al articulado por parte de la Superintendencia de Bancos.
Sin embargo, por la intendencia jurídica, Alejandra Molina, y el procurador judicial, Brian Aguirre, fueron planteadas reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Entre las propuestas se incluyó la liquidación forzosa de entidades financieras utilizadas de forma sistemática para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo o la operación de economías ilícitas. También se propuso la limitación de garantías jurisdiccionales frente a medidas de control financiero, con el fin de permitir la ejecución inmediata de decisiones sustentadas en informes especializados.
Aportes de EP Petroecuador
Por su parte, EP Petroecuador propuso el fortalecimiento de la judicialización de delitos vinculados a hidrocarburos, tras señalar pérdidas estimadas en USD 463 millones entre 2022 y 2026. Según lo expuesto, vacíos normativos habrían permitido la liberación de procesados, mientras que el uso frecuente de la suspensión condicional de la pena habría favorecido la reincidencia delictiva.
Asimismo, fue planteado que los hidrocarburos incautados sean destinados a un manejo final adecuado bajo la administración exclusiva de Petroecuador.
Propuesta sobre videovigilancia y telecomunicaciones
En el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia, unificado con reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, al COIP y a la Ley de Inteligencia, representantes de CNT EP solicitaron una delimitación clara de competencias en materia de seguridad.
Se propuso que el rol de los operadores se limite a la cooperación técnica, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios de telecomunicaciones a la ciudadanía mediante normativa técnica de Arcotel. También se pidió que las facultades de inteligencia y trazabilidad se mantengan bajo responsabilidad exclusiva de las autoridades de seguridad, con mecanismos de control adecuados.
Enfoque del debate legislativo
El debate legislativo ha reflejado la intención de articular esfuerzos entre instituciones financieras, energéticas y de telecomunicaciones para cerrar espacios al crimen organizado.
Tanto la “Ley Antimafias” como las reformas en materia de videovigilancia buscan dotar al Estado de herramientas más efectivas para enfrentar delitos complejos, que van desde el lavado de activos hasta el uso ilegal de telecomunicaciones en centros penitenciarios.
