Las investigaciones sobre los contratos firmados entre Celec y la empresa Progen continúan avanzando. Este jueves, el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, informó que se adoptaron medidas para impedir el movimiento de recursos que estarían vinculados a personas y compañías bajo investigación.
Según explicó el funcionario, las acciones forman parte del seguimiento financiero que realiza el Gobierno para determinar qué ocurrió con los fondos entregados en los contratos para la adquisición de equipos de generación eléctrica durante la crisis energética.
Neira señaló que las autoridades trabajan para identificar el recorrido completo del dinero y establecer quiénes recibieron recursos provenientes de estas operaciones. El objetivo, indicó, es esclarecer posibles irregularidades y recuperar fondos en caso de comprobarse afectaciones al Estado.
Investigación sigue el movimiento del dinero
De acuerdo con la información expuesta por el Gobierno, el análisis financiero ha permitido detectar numerosos movimientos realizados después de que se efectuaron los desembolsos relacionados con los contratos.
Las autoridades también mantienen cooperación con organismos internacionales para obtener información sobre transferencias realizadas fuera del país. Parte de las indagaciones busca identificar a los beneficiarios finales de ciertas operaciones financieras que todavía están siendo revisadas.
Neira sostuvo que las investigaciones apuntan a reconstruir toda la cadena de movimientos económicos vinculados al caso y determinar si existió una estructura que facilitó el manejo de los recursos.
Gobierno mantiene acciones legales
El funcionario aseguró que el Ejecutivo continuará impulsando acciones tanto en Ecuador como en el exterior para esclarecer los hechos relacionados con Progen.
Además, reiteró que el Gobierno busca establecer responsabilidades en torno a los contratos firmados para la compra de generadores eléctricos. Según afirmó, las indagaciones no solo se enfocan en las empresas involucradas, sino también en las personas que habrían participado en el proceso.
Mientras tanto, las investigaciones financieras y judiciales continúan como parte de las acciones emprendidas para determinar si existieron irregularidades en la contratación realizada durante la emergencia energética que enfrentó el país.
