El gobierno sueco anunció este miércoles un proyecto de ley que busca aumentar de manera significativa las deportaciones de inmigrantes condenados por delitos. La iniciativa establece que cualquier infracción con pena superior a una multa deberá implicar la expulsión del país como regla general.
El ministro de Migración, Johan Forssell, afirmó que “por demasiado tiempo en Suecia se ha mimado a los delincuentes extranjeros que han cometido delitos graves en el país”. El plan contempla que los fiscales estén obligados a solicitar la deportación como parte de la sentencia, en lugar de dejarlo a discreción de la fiscalía.
El proyecto será revisado por el Consejo de Legislación antes de llegar al parlamento, con la intención de que entre en vigor el 1 de septiembre.
El ejecutivo calcula que la medida podría generar unas 3.000 deportaciones al año, seis veces más que el promedio actual de 500. La propuesta se enmarca en la estrategia del gobierno de derecha del primer ministro Ulf Kristersson, apoyado por los Demócratas de Suecia, de endurecer las políticas migratorias y de seguridad.
Suecia enfrenta desde hace más de una década un incremento del crimen organizado, vinculado a guerras de pandillas y al narcotráfico. Aunque los tiroteos mortales han disminuido, los atentados con explosivos han aumentado, según estadísticas oficiales.
La iniciativa refuerza la línea dura del gobierno frente a la delincuencia juvenil y la inmigración, que ya incluye planes para reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años. El debate parlamentario marcará el rumbo de una de las reformas más controvertidas en materia de seguridad y migración en el país nórdico.
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