El expresidente Rafael Correa (2007-2017), líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), ha denunciado repetidamente una estrategia sistemática para «eliminar al correísmo del mapa político» de Ecuador. En sus declaraciones, vincula estos hechos a una «nueva doctrina de seguridad de los Estados Unidos» para exterminar a la izquierda en América Latina, ya sea «por las buenas o por las malas». Correa sostiene que las acusaciones contra su movimiento son infundadas y que «nunca probarán nada, pero es lo de menos», ya que el objetivo es debilitar políticamente a RC mediante procesos judiciales y electorales.
Contexto del Caso Caja Chica
El Caso Caja Chica es una investigación de la Fiscalía General del Estado por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Según fuentes judiciales, se indaga el supuesto ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 de Luisa González, excandidata de RC. El 28 de enero de 2026, la Fiscalía ejecutó allanamientos en tres inmuebles de Pichincha y uno en Guayas, incluyendo la vivienda de González. Ocho figuras del correísmo están investigadas: Rafael Correa, Luisa González, Andrés Arauz, Patricio Chávez, Suad Manssur, Fausto Herrera, Patricio Rivera y Bibian Hernández.
Correa reaccionó calificando los allanamientos como «ni en las peores dictaduras» y un «montaje político» impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa. González denunció que el proceso intenta criminalizar al correísmo para afectar su liderazgo político.
Las «confesiones» de Pollo Carvajal
Hugo «Pollo» Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano detenido en España y extraditado a EE.UU. por narcotráfico, ha declarado contra Correa, afirmando que el régimen chavista financió su campaña y otras de izquierda en Latinoamérica con fondos de PDVSA. Correa ha desestimado estas «confesiones» como parte de un plan para desacreditar a la izquierda, calificando a Carvajal como un «delator» que busca beneficios procesales. El expresidente argumenta que estas declaraciones son usadas para justificar persecución, sin pruebas concretas de origen ilegal de fondos.
Persecución del CNE y TCE
Correa ha acusado al CNE y al TCE de persecución política para inhabilitar candidatos correístas y bloquear su participación en elecciones. Ejemplos incluyen la inhabilidad de Correa para postularse a la vicepresidencia en 2021 por sentencia en el caso Sobornos, y suspensiones a asambleístas de RC por supuestas irregularidades. El correísmo sostiene que estas acciones responden a una agenda política para eliminar su oposición.
El Gobierno de Daniel Noboa niega cualquier injerencia, afirmando que son procesos judiciales independientes. Sin embargo, el correísmo ve en estos elementos un plan coordinado para inhabilitar políticamente a sus líderes y bloquear su regreso al poder. La Fiscalía mantiene reserva en el Caso Caja Chica, pero se esperan avances en las próximas semanas, incluyendo posibles vinculaciones adicionales. El debate sobre si se trata de justicia o persecución política continúa polarizando al país.
