La Policía Nacional Bolivariana dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes que intentaban avanzar hacia el Palacio de Miraflores. La marcha, integrada por sindicatos, trabajadores y estudiantes, exigía mejoras salariales y buscaba llegar al centro político del país.
“¡Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores!”, gritaban algunos participantes mientras eran contenidos por cordones antimotines.
La movilización reunió a unas 2.000 personas, un hecho inusual tras casi dos años de escasas protestas multitudinarias, consecuencia de la represión que siguió a las manifestaciones opositoras de 2024. El detonante fue el anuncio de aumento salarial realizado la víspera por la presidenta interina Delcy Rodríguez, sin precisar porcentajes ni impacto en prestaciones. El salario mínimo se mantiene en 130 bolívares (USD 0,27), frente a una inflación anual superior al 600 % y una canasta básica estimada en USD 645, según mediciones privadas.
Dirigentes sindicales denunciaron golpes y uso excesivo de la fuerza. José Patines, de la Coalición Sindical Nacional, pidió observación internacional: “¿De esto se trata la transición?”. Omar Alvarado, de la Federación Nacional de Trabajo, reclamó cifras concretas: “Que nos diga cuál es el porcentaje y nosotros diremos si lo aceptamos o no”. Las protestas también se replicaron en Maracaibo y otras ciudades.
En paralelo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertó sobre agresiones a detenidos extranjeros en la cárcel El Rodeo I tras una protesta interna. “Hay personas gravemente heridas… Exigimos información veraz y atención médica”, escribió la activista Andreína Baduel. Mientras tanto, Rodríguez, quien cumple tres meses en el poder, realizaba su primer viaje internacional en Granada, en una jornada marcada por reclamos en las calles y llamados a garantías para la protesta.
La jornada del 9 de abril refleja el creciente malestar social en Venezuela, donde la presión por mejoras salariales y condiciones de vida se combina con denuncias de represión y falta de transparencia. El desenlace de estas movilizaciones será clave para medir la capacidad del gobierno interino de responder a las demandas ciudadanas y garantizar derechos fundamentales.
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