La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana avanza en la construcción de una normativa orientada a prevenir y erradicar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, incorporando aportes de autoridades nacionales y organismos internacionales.
Durante la sesión, la subsecretaria de Protección Especial del Ministerio de Desarrollo Humano, Lisette Robles, recomendó delimitar con precisión las competencias de esta cartera dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, advirtiendo sobre el riesgo de concentrar funciones en el ente rector. También planteó definir con mayor claridad las atribuciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y los mecanismos de reporte en casos de alertas.
Aportes internacionales
El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Francisco Albuja, sugirió que la normativa reconozca expresamente a los menores como víctimas y que se incorpore un modelo de gestión para adolescentes infractores que contemple su doble condición de víctimas y responsables penales. Propuso programas de reintegración basados en enfoques pedagógicos y de justicia restaurativa, además de incluir el rol de los gobiernos locales en acciones de prevención.
“En el reclutamiento no existe voluntariedad”, puntualizó Albuja.
Próximos pasos
La presidenta de la comisión, Diana Jácome, informó que desde la tarde de este martes se instalará la primera mesa técnica para sistematizar los insumos y avanzar en la definición de los contenidos del proyecto de informe.
El proceso refleja un esfuerzo por consolidar una normativa integral que articule competencias institucionales, enfoque de derechos y cooperación internacional, con el objetivo de proteger a la niñez y adolescencia frente a prácticas de reclutamiento y utilización por parte de grupos ilegales.
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