La asambleísta nacional Arianna Burgos presentó un Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para fortalecer la protección de las víctimas de extorsión y mejorar la respuesta de la justicia frente al aumento de este delito en Ecuador.
La propuesta plantea nuevas herramientas legales para actuar con rapidez ante casos en los que exista riesgo para la integridad de las personas afectadas.
Proyecto plantea medidas de protección inmediatas
La iniciativa establece que los jueces deberán otorgar medidas cautelares de forma obligatoria e inmediata cuando una víctima enfrente amenazas, intimidaciones o posibles represalias.
Además, propone un procedimiento directo para acelerar los procesos judiciales y permitir que las autoridades actúen con mayor rapidez.
El proyecto también faculta a los jueces para ordenar medidas de protección a pedido de la Fiscalía, de la víctima o incluso de oficio cuando exista un peligro inminente.
La propuesta mantiene como principios fundamentales el respeto al debido proceso y la garantía de una tutela judicial efectiva.
Extorsión aumenta en Ecuador
Según los datos expuestos en el proyecto, las denuncias por extorsión pasaron de 1.570 casos en 2018 a 16.129 en 2025. Esto representa un aumento del 927% en siete años.
El delito afecta principalmente a sectores como el comercio y el transporte, donde las llamadas “vacunas” generan pérdidas económicas y temor entre trabajadores y empresarios.
La problemática también alcanza espacios educativos y sociales, ya que algunas comunidades e instituciones han tenido que cambiar sus actividades por amenazas y presiones criminales.
Reforma busca evitar la revictimización
La propuesta de Arianna Burgos busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, proteger de forma integral a las víctimas y evitar que quienes denuncian enfrenten nuevas amenazas durante el proceso judicial.
También pretende entregar a las autoridades herramientas legales para enfrentar el crecimiento de las estructuras dedicadas a la extorsión.
Nuevas reglas tendrán aplicación progresiva
El proyecto establece una disposición transitoria que mantiene los procesos penales iniciados antes de la vigencia de la reforma bajo las normas actuales.
Las nuevas disposiciones se aplicarán únicamente a los casos que comiencen después de la entrada en vigencia de la ley.
