¿Persecución o responsabilidad? En el ecosistema político ecuatoriano, culpar a Correa es un reflejo automático para RC ante cualquier revés judicial.
Sin embargo, este caso rompe el molde. Álvarez no es un mártir inocente; es un funcionario que, pese a su afinidad correísta, acumuló causas por acciones concretas: contratos irregulares, nexos con redes delictivas y desafío a la justicia.
La Fiscalía, con 20 pruebas documentales, opera bajo estándares independientes, no como brazo ejecutor de Noboa. Involucrar a Barcelona SC —un ícono guayaquileño— agrava el cuadro, sumergiéndolo con lo ilícito.
¿Quién lo manda a delinquir?», preguntamos con justa razón. Aquiles Álvarez tenía el poder de un sillón emblemático, pero optó por caminos turbios que hoy lo confinaron al penal.
Esta no es venganza política, sino justicia aplicada: la prisión preventiva no castiga ideas, sino incumplimientos probados. Para Ecuador, la moraleja es ineludible: ni el correísmo ni ningún movimiento eximen de la rendición de cuentas. Políticos y simpatizantes deben internalizar que la impunidad termina donde empiezan las pruebas irrefutables.
Si Álvarez cayó, es porque tropezó con sus propios pasos; que sirva de advertencia para quienes confunden el poder con licencia para delinquir. La ciudadanía merece líderes intachables, no excusas recicladas. Es hora de priorizar la ley sobre las lealtades ciegas.
Y vendrán días peores para los usurpadores de los bienes ajenos, de las coimas, del oportunismo, de la vida fácil y de los lagartos que tragan y no vomitan.
De la pluma:
MSc. Antonio Rodríguez Pazos
