La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social continúa con el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, y en sesión de comisión general recibió los aportes de John Vargas y Jenny Fernández, padres por adopción que expusieron la situación de miles de niños y adolescentes que permanecen en casas de acogida a la espera de una familia.
Fernández subrayó que su intervención no busca hablar desde la perspectiva de los solicitantes, sino desde la realidad de los menores institucionalizados. Como madre adoptiva, relató el impacto emocional que deja la espera prolongada y recordó que “los adultos podemos esperar, pero los niños no pueden esperar”. Alertó que cerca del 71 % de los menores permanece más de cuatro años esperando una declaratoria de adoptabilidad, tiempo en el que enfrentan experiencias traumáticas.
Datos y preocupaciones
Actualmente existen más de 2.300 niños y adolescentes en acogimiento, pero apenas alrededor de 255 cuentan con declaratoria de adoptabilidad. Fernández respaldó la propuesta de que el juez impulse y concluya el proceso de adopción para evitar retrasos innecesarios y garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, Vargas destacó el impacto de los largos procesos judiciales en el desarrollo emocional y psicológico de los menores. Explicó que, según estudios, por cada año de institucionalización un niño puede registrar un retraso de aproximadamente cuatro meses en su desarrollo integral, afectando su seguridad emocional, autoestima e identidad.
Relató que sus hijas atravesaron más de seis años entre investigaciones y trámites antes de integrarse a una familia, enfrentando constantes intervenciones judiciales que marcaron su infancia. También advirtió que las demoras reducen las posibilidades de adopción, especialmente cuando los menores superan los 10 años, edad en la que la mayoría de familias opta por niños más pequeños.
Hacia una justicia más ágil
Ambos testimonios coincidieron en la necesidad de priorizar la eficiencia y celeridad de la justicia. El objetivo principal, señalaron, debe ser garantizar que los niños lleguen oportunamente a un entorno familiar capaz de acompañar sus procesos de desarrollo y sanación emocional.
El debate legislativo continúa, con la expectativa de que la normativa se construya desde un enfoque humano, recordando que detrás de cada expediente existen nombres, historias y sueños que esperan convertirse en parte de una familia.
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