El Gobierno Nacional puso en vigencia un nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que busca fortalecer la clasificación de las cárceles y de las personas privadas de libertad según su nivel de riesgo y condición jurídica. La norma establece divisiones internas para evitar la mezcla entre reclusos de diferente peligrosidad o situación legal.
Entre las principales medidas se encuentra la clasificación de los centros penitenciarios en máxima, media y mínima seguridad, así como la separación de los internos por tipo de delito, antecedentes penales, conducta y vulnerabilidad. Se prevén espacios diferenciados para personas con discapacidad, enfermedades graves, mujeres embarazadas o con hijos menores de 36 meses, y se prohíbe el uso de alias y grafitis en las instalaciones.
El reglamento también regula el economato, garantiza tres comidas diarias más hidratación y obliga al SNAI a implementar medidas tecnológicas para bloquear la señal de celulares dentro de las cárceles. Estas disposiciones buscan mejorar la rehabilitación, la reinserción social y la protección de los derechos de los reclusos.
Expertos como Mario Carrillo y Itania Villareal, exdirectores de cárceles, coincidieron en que muchas de estas reglas ya existían, pero su aplicación ha sido limitada por la corrupción y el hacinamiento. Ambos señalaron la necesidad de construir nuevas instalaciones para cumplir efectivamente con la clasificación propuesta.
Con este reglamento, el Ejecutivo busca transformar el sistema penitenciario y reducir la influencia de las bandas criminales dentro de las cárceles, priorizando el orden, la disciplina y la rehabilitación real de las personas privadas de libertad.
