El penalista Christian Gallo consideró legítima y necesaria la propuesta de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, durante su comparecencia ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, advirtió la importancia de garantizar su solidez jurídica.
Gallo estructuró su análisis en tres principios fundamentales: mínima intervención penal, que ve al derecho penal como última ratio; legalidad, que exige normas claras y precisas; y proporcionalidad, que demanda equilibrio entre la gravedad del delito y la sanción.
El experto señaló que la reforma del artículo sobre reclutamiento fusiona en un mismo tipo penal hechos ocurridos en contextos de conflicto armado y fuera de ellos, lo que podría generar riesgos de sobrecriminalización. Recomendó diferenciar ambos fenómenos para mayor claridad.
Asimismo, cuestionó la pena prevista de 22 a 26 años de privación de libertad y sugirió revisarla conforme al principio de proporcionalidad. Propuso separar los tipos penales según su naturaleza, delimitar con precisión sus elementos y excluir la regulación de adolescentes del Código Orgánico Integral Penal.
Gallo reconoció que el proyecto responde a una problemática real y urgente, como el uso de menores por estructuras criminales, pero insistió en que el derecho penal debe ser claro, coherente y constitucionalmente sostenible para lograr una verdadera protección de la niñez y adolescencia.
