La atención de miles de pacientes con enfermedad renal atraviesa una situación compleja en Ecuador debido a los problemas económicos que afectan a varios centros de diálisis del país.
Actualmente, más de 21.000 personas dependen de este tratamiento para mantenerse con vida. Sin embargo, el retraso en los pagos a las dializadoras ha generado dificultades que ya se reflejan en la atención médica y en el funcionamiento de estos establecimientos.
Pacientes deben recorrer mayores distancias
El cierre de algunos centros y la reducción de servicios han obligado a varios pacientes a trasladarse a otras ciudades o cantones para recibir sus tratamientos.
Familias enteras han tenido que reorganizar sus rutinas para cumplir con las sesiones médicas, que en muchos casos se realizan varias veces por semana. Los largos desplazamientos representan un desgaste físico y económico adicional para quienes dependen de este procedimiento.
Deuda afecta la operación de los centros
Representantes del sector señalan que la deuda acumulada con las dializadoras supera los 470 millones de dólares, una situación que dificulta la compra de insumos, el mantenimiento de equipos y la continuidad de las operaciones.
Los centros que continúan prestando el servicio enfrentan una mayor demanda de pacientes, mientras intentan mantener la atención con recursos limitados.
Preocupación por la continuidad del servicio
La situación también impacta al personal de salud que trabaja en estas unidades médicas. Médicos, enfermeros, técnicos y trabajadores administrativos enfrentan un escenario marcado por la incertidumbre y la presión operativa.
Frente a este panorama, distintos sectores vinculados a la atención renal consideran necesario buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar que más pacientes vean afectado su acceso a un servicio indispensable para su salud.
