El uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales podría tener nuevas reglas en Ecuador. La Asamblea Nacional recibió un proyecto que plantea definir responsabilidades para jueces, fiscales y abogados cuando recurran a este tipo de tecnología durante sus actividades profesionales.
La iniciativa fue presentada por la asambleísta Mónica Salazar y propone modificaciones al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico General de Procesos. El documento ya pasó por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y actualmente espera el análisis de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) para determinar los siguientes pasos dentro del trámite parlamentario.
La propuesta establece que la inteligencia artificial debe funcionar únicamente como una herramienta de apoyo y que ninguna decisión judicial puede depender exclusivamente de sistemas automatizados. Por ello, los funcionarios que utilicen estas plataformas deberán revisar y confirmar la información antes de incorporarla en una actuación oficial.
El proyecto incluye nuevas responsabilidades para servidores judiciales
Dentro de los cambios planteados se contempla sancionar a los servidores de la Función Judicial que utilicen inteligencia artificial sin cumplir los controles establecidos. La iniciativa considera como falta grave aquellos casos en los que se presenten datos falsos, información sin comprobar o contenidos que puedan afectar el desarrollo de un proceso.
La propuesta también alcanza a los profesionales del derecho. Los abogados deberán verificar los datos obtenidos mediante inteligencia artificial antes de incluirlos en escritos o documentos entregados a jueces, con el objetivo de evitar errores dentro de los procedimientos legales.
Otro punto del proyecto establece que, cuando una herramienta de inteligencia artificial sea utilizada en una actuación judicial, deberá quedar registrado el sistema empleado y el propósito de su aplicación.
Además, la iniciativa incorpora principios relacionados con la transparencia, la protección de derechos, la revisión humana y la prevención de posibles errores o resultados discriminatorios generados por estas tecnologías.
Mientras la propuesta avanza en la Asamblea Nacional, la Función Judicial trabaja en la creación de un protocolo interno para orientar a sus funcionarios sobre el uso adecuado de la inteligencia artificial dentro del sistema judicial.
