El Municipio de Guayaquil cuestionó duramente la resolución aprobada por la Asamblea Nacional que solicita a la Contraloría General del Estado acciones de fiscalización sobre la gestión del agua en la ciudad. El Coordinador General Jurídico, César Poveda Valdivieso, calificó la medida como “antijurídica, antitécnica y burda”, asegurando que se trata de un intento de persecución política.
En rueda de prensa, Poveda señaló que el único órgano con capacidad legal para fiscalizar al cabildo es el Concejo Municipal. “Si ellos hacen otra cosa, están alterando directamente el orden constitucional establecido”, afirmó.
Respecto a los cuestionamientos sobre la calidad del agua potable, el funcionario defendió la gestión municipal con documentos técnicos: un certificado del INEN vigente hasta 2028 y cuatro estudios de la ESPOL que descartan la presencia de residuos fecales. “El agua que consumen los guayaquileños es la de mayor tratamiento a nivel nacional”, sostuvo.
Sobre el tratamiento de aguas residuales, explicó que el crecimiento acelerado de la ciudad volvió insuficientes las lagunas de oxidación, razón por la cual se construye la Planta de Tratamiento Los Merinos. Según Poveda, cuando la actual administración asumió el cargo, la obra tenía apenas un 13% de avance, pese a que debía estar entregada dos años atrás. Hoy, aseguró, el proyecto registra un 71% de ejecución.
El funcionario también criticó lo que considera narrativas políticas destinadas a desviar la atención de otros casos nacionales. “Ellos están intentando sobreponer en el imaginario público nuevos discursos que tapen realmente las cosas que importan en este país”, enfatizó, mencionando temas como Healthbird, Progen y presuntas irregularidades en otras instituciones.
Finalmente, Poveda advirtió que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de un patrón político que afecta a ciudades cuyos gobiernos no están alineados con los intereses del poder central. “Primero fue Quito, hoy Guayaquil”, sentenció.
Con estas declaraciones, el Municipio de Guayaquil marca distancia frente a la resolución legislativa y reafirma su postura de defender la autonomía municipal en la gestión de servicios básicos.
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