La tensión social y política en Bolivia continúa creciendo, durante el 21 y 22 de mayo, miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país para rechazar los bloqueos de carreteras promovidos por sindicatos y grupos vinculados al expresidente Evo Morales. Las manifestaciones tuvieron lugar en Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, Oruro y Sucre, donde participaron comerciantes, productores, estudiantes universitarios, transportistas y representantes cívicos que expresaron su apoyo al Gobierno de Rodrigo Paz y a la continuidad del sistema democrático.
Santa Cruz fue el principal escenario de las movilizaciones. En la capital económica boliviana, cientos de ciudadanos se reunieron en la plaza central con banderas nacionales y regionales para protestar contra el cierre de vías. Durante la jornada, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó con dureza las medidas de presión y pidió una respuesta más contundente de las autoridades para garantizar la libre circulación. Según indicó, los bloqueos ya están afectando el abastecimiento de productos esenciales como alimentos y medicinas. “No vamos a permitir que caiga un Gobierno democrático”, sostuvo.
Mientras las protestas aumentan dentro del país, también surgieron reacciones desde el ámbito internacional. El 21 de mayo, los países que integran el Escudo de las Américas emitieron un pronunciamiento conjunto en respaldo al Gobierno boliviano. A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, las naciones firmantes expresaron preocupación por las acciones impulsadas por sectores afines a Morales, señalando que podrían poner en riesgo el orden constitucional y generar desestabilización política.
Entre los países que respaldaron el documento se encuentran Estados Unidos, Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. En el texto, los gobiernos hicieron un llamado a que las demandas sociales se desarrollen de manera pacífica y respetando las instituciones democráticas. Además, advirtieron sobre posibles vínculos entre algunos grupos movilizados y estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico.
La crisis comenzó a agravarse desde el pasado 6 de mayo, cuando se iniciaron los primeros bloqueos en La Paz. Con el paso de los días, las medidas se expandieron hacia departamentos como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. El cierre de carreteras ha generado problemas en el suministro de combustible, alimentos y medicamentos, e incluso provocó momentos de escasez de oxígeno en centros hospitalarios.
De acuerdo con reportes oficiales, hasta el 22 de mayo se registraban al menos cuatro fallecidos vinculados a la emergencia. Entre las víctimas figuran una ciudadana de Belice y un menor de 12 años que no lograron recibir atención médica a tiempo debido a las dificultades de traslado ocasionadas por los bloqueos.
El conflicto político ocurre además en medio de una situación económica delicada que Bolivia arrastra desde antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2025. La falta de divisas, los problemas para importar combustible y el desgaste del modelo estatal impulsado durante casi veinte años por las administraciones de Evo Morales y Luis Arce fueron factores determinantes durante la campaña que llevó a Rodrigo Paz a la presidencia hace seis meses. Ahora, con protestas cada vez más radicales, barricadas en La Paz y detonaciones de dinamita en las calles, Bolivia atraviesa uno de los periodos de mayor incertidumbre social y
