El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, compareció este lunes ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para evacuar pruebas documentales en el marco del juicio político que enfrenta. En su intervención, Godoy presentó oficios, memorandos y certificaciones que, según él, demuestran que la institución actuó de forma formal y oportuna frente a las alertas de seguridad emitidas por el juez anticorrupción Carlos Serrano.
Principales argumentos y pruebas presentadas
- Oficios enviados al Ministerio del Interior solicitando protección individual y evaluación de riesgo para el juez Serrano y su familia, pocos días después de la alerta inicial.
- Autorización de teletrabajo otorgada a Serrano por motivos de seguridad, sin que existiera proceso disciplinario en su contra.
- Certificaciones judiciales y escritos procesales que refutan señalamientos de incumplimiento de funciones o negligencia.
- Contradicción entre la solicitud de medidas urgentes de protección y la posterior renuncia voluntaria del juez, incorporada como parte de su defensa.
Godoy sostuvo que todas las acciones se realizaron dentro de las competencias del Consejo y que no se configuró ninguna falta grave que justifique su destitución. “Presentamos documentación que demuestra que actuamos con responsabilidad y celeridad. Solicitamos el archivo del proceso porque no existe incumplimiento de funciones”, afirmó.
Próximos pasos en la Comisión La Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Álvarez (ADN), continuará con el análisis del expediente en los próximos días. Se espera la recepción de testimonios adicionales, incluyendo el del juez Carlos Serrano (pieza clave en las acusaciones de presiones judiciales), y la elaboración del informe motivado que recomendará al Pleno iniciar o archivar el juicio político (requiere 70 votos para destitución).
Reacciones
- Oficialismo (ADN y aliados): respaldan la defensa de Godoy y ven el proceso como “persecución política” de la oposición.
- Revolución Ciudadana (RC): insisten en que existen evidencias suficientes de negligencia y presiones, y que el juicio debe continuar.
El caso mantiene alta tensión política en la Asamblea, en medio de un contexto de polarización entre el Ejecutivo y la oposición correísta.
