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La Asamblea Nacional destituye a Mario Godoy como presidente de la Judicatura por inoperancia

Con 148 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Mario Fabricio Godoy Naranjo, quien presidía el Consejo de la Judicatura. Los legisladores tomaron esta decisión tras señalar una «evidente falta de acción» en sus tareas. Aunque Godoy renunció a su cargo poco antes de la votación, los asambleístas continuaron […]

La Asamblea Nacional destituye a Mario Godoy como presidente de la Judicatura por inoperancia
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Con 148 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Mario Fabricio Godoy Naranjo, quien presidía el Consejo de la Judicatura. Los legisladores tomaron esta decisión tras señalar una «evidente falta de acción» en sus tareas. Aunque Godoy renunció a su cargo poco antes de la votación, los asambleístas continuaron con el proceso legal en su contra.

Al ser censurado por el Legislativo, Godoy no podrá ocupar ningún cargo público durante los próximos dos años. La Asamblea basó esta sanción en la Constitución y las leyes vigentes que regulan el control a los funcionarios del Estado.

Durante el debate, los asambleístas Viviana Veloz y Franklin Samaniego explicaron que Godoy falló en proteger la independencia de los jueces y no aplicó controles disciplinarios adecuados. También lo acusaron de presionar a magistrados de forma indebida.

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Por su parte, el legislador Ferdinan Álvarez señaló que Godoy respondió con trámites lentos y burocracia frente a la crisis de seguridad, incluso cuando varios jueces recibieron amenazas o sufrieron atentados. La asambleísta Ana Belén Tapia aclaró que este juicio no fue una venganza, sino una revisión necesaria del trabajo de la institución.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, afirmó que esta votación demuestra que el Parlamento puede actuar con responsabilidad y respetando la ley. Según Olsen, la decisión busca fortalecer las instituciones del país por encima de los intereses de los partidos políticos.

La Asamblea notificará esta resolución al Ministerio de Trabajo y al Consejo de Participación Ciudadana para que se registre la sanción. Con este paso, el Legislativo reafirma su poder para vigilar y sancionar el comportamiento de los altos funcionarios del país.

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