Este jueves 21 de mayo, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador debatirá y votará la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, una iniciativa inédita en la historia ambiental del país que busca proteger los 640 kilómetros de costa continental y más de 100 zonas de surf identificadas a lo largo del perfil costero ecuatoriano.
La propuesta, impulsada durante cinco años por el movimiento ciudadano Mareas Vivas, establece un sistema institucional vinculante para ordenar los usos del mar, proteger ecosistemas sensibles como dunas, manglares y zonas de anidación de tortugas marinas, y crear el primer Registro Nacional de Zonas de Rompientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen Peet, adelantó la trascendencia de la votación: “Esta semana, Ecuador tomará una decisión que resonará más allá de nuestras fronteras. No se trata únicamente de proteger el surf o el turismo se trata de reconocer que el mar, sus olas y sus ecosistemas son parte del patrimonio de todos los ecuatorianos, hoy y para las generaciones que vendrán.”
¿Qué contempla la ley?
- Protección de rompientes como ecosistemas estratégicos del patrimonio natural.
- Consejo Interinstitucional del Mar con resoluciones vinculantes para más de 14 entidades estatales.
- Registro Nacional de Zonas de Rompientes como catálogo técnico público de cada ola del país.
- Aplicación del principio precautorio, que impide usar la incertidumbre científica como excusa para postergar medidas de protección.
- Ordenamiento integral de actividades como pesca, turismo, puertos, deportes y energías azules bajo un marco sostenible.
- Implementación en ley nacional de compromisos internacionales como CONVEMAR y el ODS 14.
La iniciativa nació en 2020, cuando surfistas y comunidades de General Villamil Playas se movilizaron contra la construcción de un muelle que habría destruido las olas del lugar. De esa resistencia surgió Mareas Vivas, que logró reunir más de 10.000 firmas y entregar la propuesta legislativa a la Asamblea en julio de 2024.
Ecuador se inspira en la experiencia de Perú, primer país en aprobar una ley de protección de olas, pero avanza un paso más al crear un marco de gobernanza integral con autoridad vinculante, algo sin precedentes a nivel mundial.
Impacto económico y social
La ley también tiene relevancia económica. Según el Banco Central, en 2025 las exportaciones de pescado y enlatados sumaron 2.039,2 millones de dólares, generando 52 mil empleos directos. Además, el surf mueve USD 70 mil millones anuales a nivel global, y destinos como Montañita, Ayampe y Engabao ya muestran el potencial transformador de una ola protegida.
Proteger las olas significa asegurar infraestructura natural capaz de generar empleo, turismo y desarrollo sostenible para las comunidades costeras durante décadas.
El Pleno sesionará este jueves y, tras la votación, se prevé una declaración pública del presidente de la Asamblea. Los medios interesados podrán coordinar su cobertura con la Secretaría General de Comunicación.
Con esta decisión, Ecuador se prepara para dar un paso histórico en la defensa de su patrimonio marino-costero, integrando ciudadanía, sostenibilidad y visión de futuro en una sola normativa.
