La audiencia de vinculación de familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a suspenderse este 26 de mayo dentro del caso Goleada.
La diligencia no pudo instalarse por segunda vez. Esto provocó la molestia del juez Jairo García, quien aseguró que no permitirá “maniobras dilatorias” que retrasen el avance del proceso judicial.
El caso Goleada investiga un presunto delito de lavado de activos. En esta etapa, la Fiscalía busca vincular a la esposa, madre y varios primos del alcalde. También pretende incluir a seis empresas relacionadas con el proceso. Durante la audiencia, el juez expresó su preocupación por las constantes suspensiones. Según dijo, en algunos procesos penales existen acciones para extender los tiempos judiciales y retrasar las decisiones.
Por esta razón, García dejó claro que no aceptará estrategias que afecten el desarrollo normal del caso.
Empresas no tenían representación legal
El magistrado explicó que la audiencia no pudo desarrollarse porque debía garantizarse el derecho a la defensa de las empresas involucradas.
Según indicó, las compañías actualmente no tienen representantes legales habilitados para participar en la diligencia.
Las empresas señaladas son Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A. e Inmobiliaria Alvarez Hache S.A.
Los representantes legales de esas compañías eran Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde de Guayaquil. Ambos renunciaron a sus cargos el pasado 20 de marzo.
La salida de los dos quedó registrada oficialmente en el Registro Mercantil de Guayaquil. Aunque el juez reconoció que las renuncias son válidas, señaló que las empresas deben contar con administradores temporales o subrogantes.
Por ello, García ordenó que la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil entreguen en un plazo de 24 horas los nombres de los nuevos responsables.
Además, pidió el listado de directivos de cada empresa. Con esa información se realizará la notificación para la próxima audiencia.
El magistrado también solicitó a la Fiscalía que garantice el derecho a la defensa dentro del proceso.
Añadió que, si las compañías no consiguen abogados particulares, la Defensoría Pública deberá asumir la representación legal.
Comparación con el caso Progen
Durante su intervención, el juez comparó esta situación con el caso Progen. Ese proceso investiga presuntas irregularidades en contratos del sector eléctrico.
Según explicó, en ese caso la empresa investigada tampoco tiene representantes legales activos en Ecuador. Esto ocurre porque sus directivos están prófugos y cuentan con difusión roja de Interpol.
