Decenas de inmigrantes mantenían este martes su quinto día de huelga de hambre y trabajo en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, tras los enfrentamientos ocurridos el fin de semana entre manifestantes que permanecen en vigilia frente a la instalación y agentes migratorios.
La protesta comenzó el pasado viernes, luego de meses de denuncias sobre condiciones insalubres en el centro. Los detenidos reclaman la intervención de la gobernadora Mikie Sherrill, quien acudió el lunes junto a una delegación demócrata del Congreso, pero se le negó el acceso.
Sherrill advirtió que esa negativa “plantea serios interrogantes sobre lo que intentan ocultar al público” y reiteró que seguirá exigiendo el cierre de Delaney Hall, además de oponerse “a cualquier expansión de centros de detención masiva en Nueva Jersey, como la propuesta en Roxbury”.
El Departamento de Seguridad Nacional evalúa convertir un almacén en Roxbury en un centro de detención para albergar hasta 1.500 inmigrantes, aunque los trabajos permanecen limitados a la espera de una revisión ambiental.
La gobernadora también se reunió con familiares y activistas, y aseguró que lo que escuchó “fue desgarrador”, comprometiéndose a “seguir exigiendo que ICE rinda cuentas”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La huelga en Delaney Hall refleja el creciente malestar por las condiciones de detención y la falta de transparencia en torno a los centros migratorios. Mientras los internos sostienen su protesta, las autoridades federales defienden la necesidad de ampliar la capacidad de alojamiento.
El desenlace de esta crisis dependerá de la presión política y social que logre canalizarse en Nueva Jersey, donde la discusión sobre el futuro de los centros de detención se ha convertido en un nuevo frente de debate sobre derechos humanos y políticas migratorias.
