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Guayaquil intensifica sanciones contra el maltrato animal: 667 expedientes abiertos en tres años

El Municipio de Guayaquil reportó un incremento significativo en los procesos administrativos por maltrato animal, reflejo de una mayor vigilancia y respuesta institucional frente a la violencia contra animales de compañía. De acuerdo con los registros de la Comisaría Animal, entre 2023 y 2026 se iniciaron 667 expedientes administrativos por presuntas infracciones. El punto más […]

Guayaquil intensifica sanciones contra el maltrato animal: 667 expedientes abiertos en tres años
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El Municipio de Guayaquil reportó un incremento significativo en los procesos administrativos por maltrato animal, reflejo de una mayor vigilancia y respuesta institucional frente a la violencia contra animales de compañía.

De acuerdo con los registros de la Comisaría Animal, entre 2023 y 2026 se iniciaron 667 expedientes administrativos por presuntas infracciones. El punto más crítico se registró en 2025, con 388 procesos, más del triple de los contabilizados en 2024 (120) y casi tres veces más que en 2023 (135).

Los casos abarcan situaciones de encadenamiento, abandono, desaseo, hacinamiento, ataques y negligencia médica, que ya no quedan únicamente en estadísticas, sino que derivan en sanciones concretas. Cada expediente representa una investigación que activó medidas inmediatas en favor de los animales afectados.

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La ordenanza de protección de la fauna urbana clasifica el maltrato animal en infracciones leves, graves y muy graves, con multas que oscilan entre 1 y 7 Salarios Básicos Unificados (SBU), dependiendo de la gravedad. Las faltas van desde condiciones antihigiénicas o descuido básico, hasta abandono, crueldad extrema o la muerte del animal.

El Municipio aclaró que el aumento de expedientes no necesariamente refleja más violencia que antes, sino un mayor número de denuncias y seguimiento administrativo. En este sentido, la protección animal en Guayaquil empieza a medirse no solo en rescates y atenciones veterinarias, sino también en acciones legales que buscan frenar la impunidad y garantizar consecuencias para cada acto de violencia.

Este cambio marca un giro en la política local: la defensa de los animales se consolida como un tema de justicia y vigilancia, con un impacto directo en la convivencia urbana.

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