La Alcaldía de Guayaquil impulsa una gestión enfocada en la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional. A través del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), el municipio actualiza ordenanzas orientadas al bienestar ciudadano, con un énfasis especial en los grupos de atención prioritaria. Esta estrategia busca consolidar una ciudad más justa e inclusiva para todos sus habitantes.
Desde 2023, la ciudad registra un aumento sostenido en el presupuesto destinado al CCPIDG, en 2025 una adenda al convenio de cooperación permitió alcanzar los 504.907 dólares. Sin embargo, el salto más significativo ocurre en 2026, año para el cual el Concejo Municipal aprobó un presupuesto de 1.147.806 dólares. Esta cifra refleja el compromiso firme de la administración actual con la protección integral y la seguridad social de los guayaquileños.
El Municipio también fortaleció los mecanismos de representación mediante la participación ciudadana activa. La alcaldía conformó el primer Consejo Consultivo de Movilidad Humana y renovó los consejos dedicados a la niñez, adolescencia, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Estas acciones aseguran que cada sector de la sociedad tenga una voz directa en las decisiones que afectan su bienestar y desarrollo.
En términos de atención directa, el CCPIDG gestionó casos críticos entre 2023 y 2026, atendiendo a un total de 12.217 usuarios. Durante este periodo, la institución abrió 3.528 expedientes relacionados con violencia y vulneración de derechos. Las cifras incluyen 2.567 casos de menores de edad, 799 de mujeres y 162 de personas adultas mayores. Como respuesta inmediata, las autoridades emitieron 10.533 medidas administrativas de protección para salvaguardar a las víctimas.
Finalmente, la ciudad expande su capacidad operativa con la creación de nuevas Juntas Cantonales de Protección de Derechos. En 2025, el municipio inauguró dos nuevas juntas, un hito que no ocurría desde hace una década. Para 2026, la alcaldía prevé la apertura de dos instancias adicionales, alcanzando un total de cinco centros de atención. Este crecimiento permite que la municipalidad responda de manera más ágil y cercana a las denuncias de la ciudadanía, consolidando un modelo de protección integral en el centro de sus políticas públicas.
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