La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una crisis política después de la difusión de audios en los que presuntamente ofrece colaborar con el FBI para evitar una posible extradición a Estados Unidos.
Las grabaciones, difundidas por el diario El Universal, muestran una conversación entre Ávila y un supuesto asesor externo del FBI. Durante el diálogo, la persona le señala que tiene una “última oportunidad de hablar” antes de que avance un proceso legal en su contra.
En uno de los fragmentos, la gobernadora afirma: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
Antecedentes del caso
La situación de Ávila aumentó la atención pública desde mayo del año pasado, cuando Estados Unidos retiró su visa. La medida convirtió a la mandataria en la primera gobernadora mexicana en enfrentar una decisión de este tipo.
Además, surgieron versiones que relacionan a la gobernadora con una posible investigación por delitos de crimen organizado, similares al proceso que enfrentó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Estados Unidos también canceló la visa de Carlos Torres, exesposo de Ávila, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y acusaciones de recibir sobornos millonarios.
Gobernadora niega acuerdos secretos
Tras la publicación de los audios, Marina del Pilar Ávila reconoció que las grabaciones son reales, pero rechazó que haya realizado “acuerdos en lo oscurito” con autoridades estadounidenses.
En un comunicado, explicó que su disposición para compartir información forma parte de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. También aseguró que mantiene una postura de “no subordinación” ante agencias extranjeras.
La gobernadora afirmó estar “tranquila” y dijo que está dispuesta a aclarar cualquier señalamiento ante las autoridades correspondientes.
Caso genera debate político
La filtración de los audios reabrió la discusión sobre los posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos del crimen organizado. También puso nuevamente sobre la mesa la presión que ejerce Estados Unidos en temas de seguridad.
El caso coloca a Marina del Pilar Ávila en una situación política complicada, con posibles consecuencias para su administración y para el partido Morena.
