La audiencia de formulación de cargos del caso Apagón continuó este 14 de mayo en la Corte Nacional de Justicia. Durante la diligencia, la Fiscalía presentó nuevos detalles sobre las presuntas irregularidades en los contratos firmados entre Celec y la empresa estadounidense Progen Industries LLC en medio de la crisis eléctrica de 2024.
El fiscal subrogante Leonardo Alarcón explicó que la investigación apunta a varios funcionarios y particulares que habrían aprovechado la emergencia energética para aprobar contratos millonarios sin cumplir todos los controles técnicos y legales.
Según la Fiscalía, los contratos tenían como objetivo instalar plantas eléctricas en Salitral y Quevedo para enfrentar los apagones de hasta 14 horas que afectaron al país. Sin embargo, los equipos nunca llegaron a funcionar.
Entre los 21 procesados constan el exministro de Energía Antonio Goncalves, el exgerente subrogante de Celec Fabián Calero y el exgerente encargado de Termopichincha Byron Orozco.
Inspecciones y dudas sobre los equipos
Durante la audiencia, Byron Orozco relató que técnicos ecuatorianos viajaron a Houston y Florida para revisar los motores comprados por Celec.
Según el fiscal, los funcionarios no pudieron revisar completamente los equipos. Además, tuvieron restricciones para ingresar con celulares y tomar fotografías.
Orozco indicó que en cada lugar visitado solo había un motor descubierto. El resto permanecía cubierto con plásticos y listo para ser enviado.
La Fiscalía sostiene que estas situaciones generaron dudas sobre el verdadero estado de los equipos. También señaló que los motores entregados eran usados, repintados y no cumplían las condiciones técnicas ofrecidas en los contratos.
Amenazas durante el proceso
Uno de los momentos más delicados de la audiencia ocurrió cuando la Fiscalía reveló amenazas contra integrantes de la comisión técnica.
Según la investigación, uno de los funcionarios recibió un mensaje que decía: “Te ubicamos y a tu familia, te vamos a matar por los contratos torcidos y a los demás”.
Después de ese hecho, uno de los miembros de la comisión dejó de asistir a su trabajo. Además, el informe técnico final nunca fue presentado oficialmente.
Pese a las observaciones realizadas por los técnicos, la Fiscalía asegura que se autorizó el pago del 70 % de anticipo de uno de los contratos.
Millonarias transferencias
Durante la diligencia también se presentaron documentos del Banco Central que confirmarían transferencias internacionales a favor de Progen.
Entre ellas consta un giro de USD 69,5 millones enviado en octubre de 2024 a una cuenta bancaria en Estados Unidos.
Según la Fiscalía, la empresa posteriormente pidió varias prórrogas argumentando problemas relacionados con huracanes y huelgas portuarias.
Además, otra empresa verificadora habría tenido problemas para ingresar a las instalaciones de Progen mientras las multas por incumplimientos ya bordeaban el millón de dólares.
Para la Fiscalía, estas acciones configuran el delito de peculado, debido al uso de recursos públicos sin controles suficientes y sin garantizar que los equipos cumplieran con lo ofrecido.
