Como parte de la investigación que se desarrolla por la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para Quito, el asambleísta Xavier Ordóñez compareció este viernes ante la Fiscalía General del Estado para entregar su versión de los hechos.
El legislador, integrante de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), manifestó que durante el proceso de fiscalización realizado en la Asamblea se recopilaron elementos que, a su criterio, justifican una investigación penal sobre la contratación.
Entre las observaciones expuestas por Ordóñez consta el presunto manejo irregular de recursos municipales. El asambleísta aseguró que existen dudas sobre las garantías presentadas durante la operación y sobre el destino de los rendimientos financieros que habrían generado los fondos entregados para la compra de las unidades.
Tras rendir su declaración, señaló que el trabajo de fiscalización desarrollado por el Legislativo ya concluyó y que ahora corresponde a la Fiscalía analizar la información recopilada y establecer si existen responsabilidades.
La investigación tiene como antecedente el informe aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, en el que se analizó el convenio firmado entre el Municipio de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El documento plantea que el procedimiento utilizado para la adquisición de los trolebuses pudo limitar los mecanismos de control y supervisión previstos en la normativa de contratación pública.
