La Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, y cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tras la denuncia presentada el 22 de diciembre de 2025 por el exasambleísta Jorge Moreno Ordóñez y el constitucionalista Juan Francisco Morales Suárez.
La investigación penal se centra en los presuntos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación, relacionados con irregularidades en el proceso de designación de vocales del Consejo de la Judicatura y posibles presiones a operadores de justicia.
Próximas diligencias El exdiputado Jorge Moreno confirmó que el próximo martes 20 de enero de 2026, a las 11:00, en la Fiscalía General del Estado en Quito, se realizará el reconocimiento de firmas y la ampliación de versión de los denunciantes. En esta audiencia se detallarán los hechos y se aportarán elementos adicionales de prueba.
Hechos denunciados La denuncia señala que Godoy habría sido posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura con “múltiples irregularidades”. Una vez en funciones, habría organizado una estructura delictiva junto a su esposa, la abogada Dolores Vintimilla, su socio Francisco Rosero Utreras (funcionario del Consejo de la Judicatura) y siete integrantes de la comisión ciudadana de selección, para beneficiarse económicamente del cargo público.
Los cinco consejeros del CPCCS denunciados son:
- Andrés Fantoni (presidente del CPCCS)
- Jazmín Enríquez
- David Rosero
- Piedad Cuarán
- Johanna Verdezoto
Entre las irregularidades denunciadas se incluyen presuntas presiones indebidas a jueces —incluido el juez anticorrupción Carlos Serrano— para beneficiar al ciudadano serbio Jezdimir Srdan (antiguo cliente de Dolores Vintimilla y condenado por lavado de activos), conflictos de interés y falta de protección a operadores de justicia.
Pruebas anunciadas Los denunciantes adjuntaron 23 piezas informativas provenientes de medios nacionales e internacionales, plataformas digitales y redes sociales. Solicitaron prisión preventiva para todos los investigados y varias diligencias, entre ellas la entrega de la nómina de funcionarios de la Judicatura que hayan trabajado en estudios jurídicos vinculados a Godoy.
Contexto del caso El proceso se enmarca en las denuncias públicas del juez Carlos Serrano sobre presuntas presiones y amenazas tras su sentencia contra Jezdimir Srdan. Godoy deberá comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2026 para explicar su actuación frente a estos señalamientos.
Jorge Moreno señaló que el inicio de la indagación fiscal “abre la puerta a un posible juicio penal” contra el presidente del Consejo de la Judicatura y los miembros del CPCCS involucrados.
La Fiscalía confirmó que la investigación avanza con reserva de ley y que se notificará a los procesados para que rindan versión en el plazo establecido.
