La Fiscalía General del Estado dio por concluida la instrucción fiscal del caso Goleada, proceso en el que investiga a 26 personas naturales y jurídicas por el presunto delito de lavado de activos. Entre los procesados constan el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, varios integrantes de su familia y empresas vinculadas a la investigación.
El fiscal Dennis Villavicencio comunicó al juez Jairo García Mosquera el cierre de esta fase mediante un oficio enviado el 30 de junio. La institución señaló que el plazo legal terminó el 29 de junio, luego de la ampliación concedida tras la última audiencia de vinculación.
Con la finalización de la instrucción, el proceso avanza hacia la etapa preparatoria de juicio. No obstante, la Fiscalía todavía no solicita que se fije la audiencia correspondiente, ya que aún existen pedidos de incorporación de pruebas que deben resolverse.
Diligencias que siguen pendientes
Entre las últimas actuaciones realizadas durante la investigación consta el testimonio anticipado de un testigo protegido, quien aseguró haber trabajado con empresas relacionadas con la familia de Aquiles Alvarez. Su declaración pasó a formar parte del expediente que analiza la Fiscalía.
También continúa pendiente la audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas a varios procesados. Esa diligencia fue convocada para el 3 de julio y deberá resolver los pedidos presentados tanto por la Fiscalía como por las defensas.
Procesados y desarrollo de la causa
El caso reúne a 26 investigados, entre personas y compañías. Además de Aquiles Alvarez, figuran sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez; sus primos Fernando y Andrés Viteri; su esposa, Fiorella Icaza; su madre, Gioconda Henriques, así como otras personas naturales y jurídicas.
Durante el desarrollo del proceso, el juez dispuso prisión preventiva para varios investigados. Posteriormente, un tribunal dejó sin efecto esa medida para algunos de ellos. Sin embargo, Aquiles Alvarez permaneció privado de libertad debido a otra orden de prisión preventiva vigente dentro del caso Triple A.
La investigación también incorporó al asambleísta Raúl Chávez, quien fue vinculado posteriormente al proceso. Además, la Fiscalía modificó la tipificación inicial del caso y reformuló los cargos para investigar exclusivamente el presunto delito de lavado de activos.
La hipótesis de la Fiscalía
Según la Fiscalía, la presunta estructura habría utilizado empresas para ocultar recursos provenientes de la supuesta comercialización irregular de combustibles. La investigación sostiene que parte del diésel subsidiado destinado a embarcaciones nacionales habría sido desviado y que los ingresos obtenidos se habrían canalizado mediante operaciones financieras y sociedades creadas para aparentar actividades comerciales.
Estos elementos forman parte de la teoría presentada por la Fiscalía. Será el juez quien determine, en las siguientes etapas del proceso, si existen méritos suficientes para llamar a juicio a los procesados o adoptar otra decisión conforme a la ley.
