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Familias venezolanas demandan a Nicolás Maduro en EE.UU

Seis familias venezolanas presentaron una demanda civil contra el expresidente Nicolás Maduro en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por agentes de las FAES entre 2017 y 2021. Los demandantes, protegidos por seudónimos, aseguran que sus hijos y hermanos fueron asesinados en operativos nocturnos, donde […]

Familias venezolanas demandan a Nicolás Maduro en EE.UU
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Seis familias venezolanas presentaron una demanda civil contra el expresidente Nicolás Maduro en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por agentes de las FAES entre 2017 y 2021.

Los demandantes, protegidos por seudónimos, aseguran que sus hijos y hermanos fueron asesinados en operativos nocturnos, donde los agentes vestidos de negro separaban a los hombres de sus familias y luego los ejecutaban, fabricando relatos de “resistencia a la autoridad”.

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Contexto judicial

La demanda de 44 páginas sostiene que las víctimas forman parte de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro. Las FAES fueron disueltas en 2021 tras denuncias de abusos documentadas incluso por la ONU.

Actualmente, Maduro se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos de narcotráfico. Las familias exigen una compensación económica por los crímenes denunciados.

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Instrumento de represión

Según la demanda, las FAES fueron utilizadas como un mecanismo de control social y político, destinado a reprimir la disidencia y aterrorizar barrios de bajos ingresos. Los testimonios también acusan a la fiscalía venezolana de recibir órdenes de no investigar a este cuerpo policial, lo que habría impedido rendir cuentas por los asesinatos.

El caso abre un nuevo frente judicial contra Maduro en territorio estadounidense y pone en el centro del debate internacional el uso de fuerzas especiales como instrumentos de represión estatal. La resolución de este proceso podría marcar un precedente en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia política en Venezuela.

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