En el marco del análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Restituir el Control Previo de Legalidad de Actos y Contratos, la experta en derecho regulatorio Larissa Gaibor sostuvo ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario que los informes previos de la Procuraduría General del Estado ya no son necesarios.
Gaibor recordó que entre 2004 y 2008 la Procuraduría emitía informes favorables o desfavorables, pero explicó que esa atribución fue reemplazada por normativas vigentes. En su criterio, lo más pertinente es fortalecer la capacitación de los servidores públicos en la elaboración de pliegos, documentos que establecen las bases y requisitos legales de los procesos contractuales.
“La contratación pública no necesita un nuevo requisito; requiere corregir otros aspectos, como el direccionamiento de los procesos”, enfatizó.
La especialista añadió que los principales problemas del sistema no radican en la ausencia de informes previos, sino en prácticas como procesos direccionados, la ineficiente atención de reclamos de oferentes y el temor a los informes de la Contraloría General del Estado, lo que según dijo “tiene paralizado al sector público”.
Reforma financiera en trámite
En otro punto del orden del día, la mesa legislativa aprobó con 10 votos afirmativos la unificación de proyectos de ley relacionados con el sistema financiero. Entre ellos:
- La iniciativa para el refinanciamiento y facilidades de pago en créditos, que incluye al sistema financiero y no financiero, entidades emisoras de tarjetas de crédito y casas comerciales, presentada por la exlegisladora Vanessa Álava.
- El proyecto sobre la adecuada aplicación de intereses en mora en el sistema financiero nacional, impulsado por el exlegislador Javier Saquicela.
Ambos se integran a la reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero, actualmente en trámite.
Este debate refleja cómo el Legislativo busca equilibrar la transparencia en la contratación pública con la necesidad de dinamizar el sistema financiero, en un contexto donde la eficiencia institucional es clave para la confianza ciudadana.
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