El Gobierno de España pidió este viernes a Italia poner fin a los controles fronterizos establecidos desde el 1 de agosto en los enlaces marítimos y aéreos con territorio español, una medida adoptada por Roma tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.
El Ejecutivo español considera que la decisión italiana afecta la libre circulación dentro del espacio Schengen y solicitó su retirada antes del domingo 9 de agosto, advirtiendo que, de no producirse una rectificación, tomará medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.
Argumentos del Gobierno español
España sostuvo que las personas que ingresaron de forma irregular a Ceuta no tienen acceso automático al espacio Schengen debido al régimen especial de la ciudad autónoma y señaló que la mayoría de quienes participaron en esos cruces ya regresó a Marruecos.
Además, el Gobierno español recordó datos de Frontex, según los cuales Italia figura como uno de los países de la Unión Europea con mayor número de cruces irregulares registrados en los últimos años, llegando en algunos periodos a duplicar las cifras españolas.
Madrid también cuestionó la gestión migratoria italiana y afirmó que desde 2022 existe un incumplimiento del Reglamento de Dublín, situación que, según el Ejecutivo español, incrementa la presión migratoria sobre otros Estados miembros.
Rechazo a la medida italiana
En un comunicado de Moncloa, el Gobierno calificó los controles aplicados por Italia como una decisión injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea y discriminatoria para los ciudadanos españoles.
Las autoridades españolas consideran que la respuesta italiana no corresponde a la realidad migratoria del episodio ocurrido en Ceuta y que afecta la cooperación europea en materia de movilidad y gestión fronteriza.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, decidió suspender temporalmente la libre circulación Schengen en las conexiones marítimas y aéreas con España, reintroduciendo controles fronterizos como respuesta a la crisis migratoria registrada en Ceuta y Melilla.
El desacuerdo entre ambos gobiernos refleja las tensiones existentes dentro de la Unión Europea sobre el control de fronteras, la distribución de responsabilidades migratorias y la aplicación de las normas comunitarias.
