En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, el presidente español Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas que busca transformar la relación del Estado con las plataformas digitales. La más destacada: la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años.
Sánchez explicó que su Gobierno exigirá responsabilidades directas a los ejecutivos de compañías como TikTok, Instagram y Grok, quienes deberán responder legalmente por las infracciones cometidas en sus plataformas. “No puede haber impunidad”, subrayó, al tiempo que adelantó que la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal serán tipificadas como delitos.
El mandatario también reveló la creación de un sistema de rastreo y trazabilidad para medir lo que denominó “huella de odio y polarización”, con el objetivo de identificar patrones de desinformación y violencia digital. En paralelo, España se ha sumado a cinco países europeos en la llamada Coalición de los Dispuestos Digitales, que busca coordinar una regulación más estricta y rápida sobre las redes sociales.
Durante su intervención, Sánchez justificó la iniciativa señalando que las plataformas se han convertido en “un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad”. Reconoció que el desafío es complejo, dado el poder económico y la influencia global de estas empresas, pero insistió en que la determinación de los Estados debe prevalecer.
Con este anuncio, España se coloca en la vanguardia de la regulación digital en Europa, abriendo un debate sobre los límites de la libertad en internet y la necesidad de proteger a los usuarios más vulnerables frente al impacto de las redes sociales.
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