La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó, con nueve votos afirmativos, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Garantizar los Derechos y Promover el Empoderamiento de las Mujeres Rurales. La iniciativa busca reconocer, proteger y fortalecer los derechos de miles de mujeres que sostienen las economías rurales y la soberanía alimentaria del país.
La propuesta parte del reconocimiento de que las mujeres rurales cumplen un rol fundamental en la producción agrícola, la defensa de la tierra y el desarrollo comunitario, pero continúan enfrentando discriminación, exclusión y violencia. Además, advierte que las crisis económicas, sociales y climáticas afectan de manera desproporcionada a este sector.
Fundamentos de la normativa
El informe se sustenta en la Constitución y en instrumentos internacionales como la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el PIDESC. Entre sus conclusiones se señala que el Estado tiene la obligación de erradicar la discriminación estructural que afecta a las mujeres rurales.
Los datos analizados evidencian brechas significativas: apenas el 25 % de las unidades productivas están en manos de mujeres, mientras persisten altos índices de pobreza, violencia de género y sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado.
Proceso participativo
Durante la socialización del proyecto se recibieron aportes de instituciones y organizaciones como Conagopare, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ONU Mujeres y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El presidente de la comisión, Jaime Estrada, destacó el trabajo en territorio y la construcción participativa del articulado: “Esta ley busca mejorar sus condiciones de vida y convertir la igualdad en una política pública real para la ruralidad”.
Por su parte, el asambleísta Héctor Rodríguez, quien mocionó la aprobación del informe, subrayó que ser mujer y vivir en el campo continúa representando mayores dificultades para acceder a educación, servicios básicos y oportunidades para superar la pobreza.
La comisión recomendó al Pleno aprobar el informe para segundo debate, al considerar que esta ley constituye una herramienta urgente y necesaria para avanzar hacia la igualdad, el reconocimiento y el empoderamiento de las mujeres rurales del Ecuador.
